Un hecho indignante sacude la vida política local: una concejal de la ciudad habría utilizado a una persona con discapacidad mental para fines de propaganda política. La denuncia, que comenzó a circular en las últimas horas, generó un fuerte repudio de vecinos, organizaciones sociales y referentes de derechos humanos.
Según trascendió, la edil Blanca Gales, que pertenece al bloque del PJ en el Concejo Deliberante de Santo Tomé habría llevado a esta persona a actos públicos y la habría expuesto en redes sociales y espacios partidarios, aprovechando su vulnerabilidad para obtener rédito político. Gales concretó una transmisión en vivo con Bebecho a su lado y luego de unos minutos la borró. Desde la comunidad, señalan que no existiría un consentimiento informado ni respeto por la dignidad del involucrado.
Posibles consecuencias legales y penales
Especialistas en derecho advierten que esta situación podría constituir un grave delito, encuadrado en la figura de abuso y explotación de personas vulnerables, con penas que alcanzan hasta los seis años de prisión. Además, violaría la Ley de Salud Mental y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas de cumplimiento obligatorio en nuestro país.
Fuertes pedidos de sanción y destitución
Ya se escuchan voces que piden la inmediata intervención del Concejo Deliberante y sanciones ejemplares. “Esto no es política, es un atropello a la dignidad humana”, expresó un dirigente local. Organizaciones sociales anunciaron que presentarán una denuncia ante la fiscalía y el INADI, mientras que desde ámbitos institucionales se exige una investigación inmediata.
El silencio de la concejal
Hasta el momento, la edil involucrada no ha realizado declaraciones públicas. Pero la presión social crece y el escándalo amenaza con transformarse en una crisis institucional.
La pregunta que queda flotando es clara: ¿Todo vale en política? En Santo Tomé, la sociedad parece haber respondido con un rotundo no.
El hecho generó un fuerte repudio social y podría tener consecuencias legales graves, ya que viola leyes nacionales que protegen los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
Organizaciones sociales y vecinos piden la inmediata intervención de la Justicia y sanciones ejemplares. Hasta el momento, ni Blanca Gales ni Víctor Giraud se han pronunciado. El silencio solo aumenta la indignación.
FUENTE: URGENTESANTOTOME.COM