Además que en esta oportunidad, se suma la implementación del nuevo sistema de boleta única de papel, “lo cual implica numerosas tareas adicionales en orden a su implementación logística y operativa, la capacitación de la ciudadanía, la designación y formación de las autoridades de mesa y demás sujetos del proceso electoral, el diseño y elaboración de nuevos documentos y materiales electorales, entre muchos otros”.
Los titulares de la CNE remarcaron también que la demora en la realización del proceso repercute en otros organismos que tienen responsabilidades directas, como el Comando General Electoral, el Servicio Electoral del Correo Oficial y la contratación de los distintos servicios para, por ejemplo, impresión de padrones y ejecución de las actividades de capacitación y difusión.
“Resulta imprescindible recordar aquí que los procesos electorales no son un servicio público que uno o varios organismos del estado proveen a los electores, sino que constituyen el ejercicio de la soberanía popular por parte de la ciudadanía en su expresión más pura, y que es ineludible resguardar”, subrayaron los jueces en la Acordada.
Por último, los jueces solicitaron al Ejecutivo que informe con urgencia los montos, plazos y modalidades bajo los cuales se realizará la transferencia de fondos para garantizar el proceso y exhortó al gobierno que garantice la disponibilidad de las partidas mínimas indispensables para cada uno de los distintos organismos que tienen a su cargo funciones y responsabilidades legales en las elecciones.